En vez de eso, el gobierno pretende aumentar la presión sobre los autónomos y las pequeñas y medianas empresas (pymes), tal y como han denunciado los propios inspectores de Hacienda, que han revelado que la Agencia Tributaria les ha exigido subir un 15% de recaudación en sus actas de inspección a estos sectores.

Este colectivo y también el de técnicos de Hacienda han pedido “mano dura” con las sicav, que gozan de un trato fiscal privilegiado que rompe la igualdad de los contribuyentes. Pero sus peticiones no han sido escuchadas pese a que el gobierno prometió estudiarlo e incluso lanzó varios globos sonda el año pasado en el sentido de que podría incluir un endurecimiento de su tratamiento fiscal dentro de la subida de impuestos actual (IVA, plusvalías, etc.).

Por si acaso, los propietarios de sicav y las gestoras y bancos privados que las comercializan, han empezado a llevárselas a Luxemburgo, aprovechando una posibilidad abierta por la Ley de Reformas Estructurales de julio de 2009. Sin embargo, pueden respirar tranquilos porque el gobierno español no les va a tocar un céntimo. Además ha descartado otras medidas solicitadas por los profesionales, como la creación de una policía fiscal o la reforma del régimen de módulos, uno de los principales focos de fraude según los inspectores.

Es de todos conocido –empezando por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la Agencia Tributaria y el propio gobierno español– que la inmensa mayoría de las sicav se encuentran en flagrante fraude de ley porque utilizan los conocidos “mariachis” (hombres de paja) para alcanzar el mínimo legal de 100 partícipes.

Manteniendo intocables a la oligarquía y sus sicav, lo más llamativo del “Plan Antifraude” –es decir, antifraude de las pymes y los autónomos– será el aumento de las penas para el delito fiscal, que subirán de uno a seis años, y el alargamiento del plazo de prescripción de cinco a 10 años. Para ello, se reformarán el Código Penal y la Ley General Tributaria.