Saturday, January 5, 2008
Internazionala
¿Es el Consejo de Seguridad Nuclear un lobby pronuclear?
A pesar de la reforma del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), éste sigue actuando herméticamente y maniatado a la industria nuclear con el apoyo del PSOE
El CSN fue creado en 1980 para “vigilar y controlar las instalaciones nucleares y radiactivas del país, al margen de cualquier interés empresarial o político”. Investigadores y grupos ecologistas denuncian, sin embargo, que el CSN se ha convertido en el primer lobby a favor de quien debería ser controlada: la industria nuclear. Por esa razón, en septiembre de 2005, el grupo parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida - Iniciativa per Catalunya Verds (IV-IU-ICV) llevó al Congreso una propuesta para reformar la Ley de Creación del CSN de 1980.
El PSOE se comprometió parlamentariamente a apoyar esta reforma, pero según el representante de Greenpeace, Carlos Bravo, todo ha sido “una pantomima” porque “ha dejado que el PP y CiU tumbaran en el Senado todas las enmiendas que se habían pactado con los propulsores de la reforma”.
La independencia del CSN se evidencia en su benevolencia con las fallas de las centrales nucleares. Los autores del libro Conspiraciones tóxicas hablan de nueve incidentes graves seguidos acreditados y otros tres, sin llegar a ser notificados oficialmente. En el accidente más grave, el de Vandellós II en 2004, la propia ex presidenta del Consejo, María Teresa Estevan Bolea reconoció que se había permitido que la central funcionara en condiciones de inseguridad durante siete meses.
Persecución laboral
La persecución laboral a los trabajadores que denuncian fallas es algo que, según Carlos Bravo, ocurre en mayor o menor medida en todas las centrales. Un ejemplo: “En Cofrentes (Valencia), en el año 2002, los propios inspectores del CSN denunciaron una serie de deficiencias y sufrieron una represión tremenda por parte de la compañía propietaria, Iberdrola. Además, los directores técnicos del Consejo presionaron a inspectores del propio Consejo para que no sancionaran a la central. Los trabajadores de la propia central, cuando han denunciado ante la dirección de la empresa problemas como, por ejemplo, un vertido del agua de la piscina de combustible nuclear, han sufrido una presión interna”.
“Así”, continúa Bravo, “los trabajadores prefieren mandarnos muchas veces información de forma anónima o confidencial para que sea Greenpeace quien denuncie”. (...) “Era una caza de brujas, según la información que recibíamos de trabajadores del Consejo represaliados por querer ser más transparentes”, explica Carlos Bravo.
Otra de las claves para entender el listado de fallas en las centrales es el escuálido régimen sancionador. A las centrales nucleares les resulta más barato pagar una multa que dejar de vender electricidad si hay algún percance. La multa más grande la tienen que pagar Endesa e Iberdrola, propietarias de Vandellós II: 1,6 millones de euros por estar funcionando cerca de siete meses violando las normas de seguridad. Escasa cantidad si se tiene en cuenta que el beneficio que obtuvieron durante ese tiempo se estima en 750 millones de euros.
Finalmente, tras esta reforma, el CSN puede seguir contratando ciertos trabajos, como los análisis de riesgo de las centrales, a empresas de ingeniería nuclear que dependen de las compañías eléctricas que son las propietarias de las centrales (es el caso de Soluziona, la empresa de ingeniería de UF). “Estas empresas estaban contratadas por el Consejo, incluso ocupando despachos dentro del Consejo, sin que mucha gente del Consejo estuviese enterada”, concluye Bravo.
El PSOE se comprometió parlamentariamente a apoyar esta reforma, pero según el representante de Greenpeace, Carlos Bravo, todo ha sido “una pantomima” porque “ha dejado que el PP y CiU tumbaran en el Senado todas las enmiendas que se habían pactado con los propulsores de la reforma”.
La independencia del CSN se evidencia en su benevolencia con las fallas de las centrales nucleares. Los autores del libro Conspiraciones tóxicas hablan de nueve incidentes graves seguidos acreditados y otros tres, sin llegar a ser notificados oficialmente. En el accidente más grave, el de Vandellós II en 2004, la propia ex presidenta del Consejo, María Teresa Estevan Bolea reconoció que se había permitido que la central funcionara en condiciones de inseguridad durante siete meses.
Persecución laboral
La persecución laboral a los trabajadores que denuncian fallas es algo que, según Carlos Bravo, ocurre en mayor o menor medida en todas las centrales. Un ejemplo: “En Cofrentes (Valencia), en el año 2002, los propios inspectores del CSN denunciaron una serie de deficiencias y sufrieron una represión tremenda por parte de la compañía propietaria, Iberdrola. Además, los directores técnicos del Consejo presionaron a inspectores del propio Consejo para que no sancionaran a la central. Los trabajadores de la propia central, cuando han denunciado ante la dirección de la empresa problemas como, por ejemplo, un vertido del agua de la piscina de combustible nuclear, han sufrido una presión interna”.
“Así”, continúa Bravo, “los trabajadores prefieren mandarnos muchas veces información de forma anónima o confidencial para que sea Greenpeace quien denuncie”. (...) “Era una caza de brujas, según la información que recibíamos de trabajadores del Consejo represaliados por querer ser más transparentes”, explica Carlos Bravo.
Otra de las claves para entender el listado de fallas en las centrales es el escuálido régimen sancionador. A las centrales nucleares les resulta más barato pagar una multa que dejar de vender electricidad si hay algún percance. La multa más grande la tienen que pagar Endesa e Iberdrola, propietarias de Vandellós II: 1,6 millones de euros por estar funcionando cerca de siete meses violando las normas de seguridad. Escasa cantidad si se tiene en cuenta que el beneficio que obtuvieron durante ese tiempo se estima en 750 millones de euros.
Finalmente, tras esta reforma, el CSN puede seguir contratando ciertos trabajos, como los análisis de riesgo de las centrales, a empresas de ingeniería nuclear que dependen de las compañías eléctricas que son las propietarias de las centrales (es el caso de Soluziona, la empresa de ingeniería de UF). “Estas empresas estaban contratadas por el Consejo, incluso ocupando despachos dentro del Consejo, sin que mucha gente del Consejo estuviese enterada”, concluye Bravo.
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