1.- Introducción

Bautizó en 1876 don Benito Pérez Galdós, -¡instinto profético!- como “género de la transición” al “resbaladizo, flexible y acomodaticio, que sirve mediante hábiles perfidias de lógica y de estilo, para defender todas las ideas y pasar de uno a otro campo”. Caído el Muro de Berlín y desaparecida la Unión Soviética, la “izquierda” monárquica española, escindida entre quienes, tras renunciar al marxismo, convirtieron la cal viva en instrumento de política interna, y quienes, tras renunciar al leninismo, se convirtieron, a sí mismos, en una suerte de tendencia menguante con destino a la nada, decíamos que, esa “izquierda”, amputante y autoamputada, descubrió en el “progresismo” al cirujano plástico que había de procurarle nuevos atractivos y afeites en el seno del generalmente conocido como “menos malo de todos los sistemas”: el régimen del capital; en su versión española, la monarquía de 1978, o para ser más precisos con las fechas, de 1969.

2.- La “primera Transición”

Uno de los aspectos que mejor describe la naturaleza política y de clase del proceso histórico a que se ha dado en llamar “la Transición” fue el modo en que el régimen del 78 organizó su propia administración del estado, la administración central. En este caso, como en tantas otras áreas, el régimen monárquico hizo plenamente suya la estructura administrativa del franquismo que, ésta sí, se había erigido a partir de 1939 sobre la revisión y depuración sistemáticas de la legalidad republicana previa. Lo que podría interpretarse como “pragmática” adaptación institucional del “nuevo” régimen monárquico al armazón estatal franquista tuvo, en realidad, como finalidad primordial ocultar entre las sombras -amparar, de hecho- crímenes contra la humanidad cometidos en las personas de ciudadanos españoles por funcionarios de su misma nacionalidad durante el franquismo.

En la práctica, las principales reformas en materia de funcionamiento y organización de los sectores fundamentales de la administración central sólo se iniciaron una vez entablada la última fase de las negociaciones para la adhesión del estado español a las Comunidades Europeas, adhesión firmada el 12 de junio de 1985, y como consecuencia de la confluencia de un conjunto de factores, internos y externos, que, a su vez, constituían las auténticas condiciones necesarias de aquel ingreso.

En el plano político interno, la operatividad del sistema de partidos, es decir, la democracia formal, pasaba inexorablemente por la supresión, o mejor aún, autosupresión de uno, el PCE, y la vigorización de otro, el PNV, ambos, auténticas alas de que se sirvió el régimen monárquico en su despegue. Baste recordar que la simbólica renuncia al leninismo en el congreso del PCE de 1978 y la asunción del regionalismo estatutario como ideología y práctica propias del PNV a partir de 1979 dejaron “resueltos” los dos problemas políticos cruciales del momento: quedaba abortada la posibilidad de una ruptura republicana y de izquierda, y se erigía un dique de contención a la izquierda independentista vasca y por extensión al ejercicio del derecho de autodeterminación en el conjunto de las nacionalidades del estado.

En el plano económico interno, los pactos de la Moncloa de 1977 y la reconversión industrial bajo el primer gobierno del PSOE (1982-1986) profundizaron, con divergencias puramente coyunturales, en la orientación dada a la economía española desde el desarrollismo franquista de los años 60: la apertura y adaptación de su economía al modelo capitalista occidental, junto a la paralela y paulatina transformación, en este caso ya desde el 78, del sindicalismo clasista en el llamado sindicalismo “de servicios”.

Por último, en el capítulo internacional, la adhesión a la OTAN en 1981, refrendada en 1986, y a otros organismos internacionales occidentales , terminó de alinear al estado español en el contexto de la Guerra Fría, situación a que sin duda contribuyeron igualmente el triunfo de las líneas revisionistas en China tras la muerte de Mao en 1976 y la imparable esclerosis del socialimperialismo soviético, cuya dirección asumió Mijail Gorbachov en 1985.

Asegurada, pues, la estabilidad interna y la alineación internacional del estado español, o por parafrasear el dicho atribuido a Franco, una vez atados y bien atados los cabos que la muerte del dictador fascista había dejado sueltos, el único precio a pagar, ¡precio de saldo!, que se impuso a sí misma la clase que ocupó el poder a sangre y fuego tras la Guerra Civil fue un mero cambio de, llamémosla así, autoidentificación político-afectiva: de franquista a constitucionalista: ya se podía emprender las reformas; había llegado la modernidad.